Previo a 1859, el control demográfico y de identidad residía de manera exclusiva en las autoridades eclesiásticas mediante los registros bautismales y parroquiales.
La promulgación de las Leyes de Reforma representó un punto de inflexión estructural. La creación del Registro Civil secularizó la gestión de la identidad, trasladando al Estado la responsabilidad de certificar la existencia y el estado civil de la población.
En la era contemporánea, la transición hacia ecosistemas digitales y bases de datos nacionales ha democratizado el acceso, permitiendo la validación y extracción de documentos en línea, consolidando el derecho a la identidad de manera más eficiente.
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